La Justicia de Misiones ordenó la detención del padre de la jueza Sarmiento
Gendarmería llegó al departamento, en Barrio Norte, para cumplir con un allanamiento. Es por una causa vinculada a delitos de lesa humanidad. Luis Sarmiento, de 85 años, fue ministro de Gobierno en 1976. La magistrada vinculó el hecho con el fallo que bloqueó el uso de las reservas. "No creo en las casualidades", afirmó.
La Justicia de Misiones ordenó la detención del padre de la jueza María José Sarmiento en una causa por delitos de lesa humanidad. Luis Sarmiento, de 85 años, fue ministro de Gobierno en esa provincia durante 1976. La magistrada vinculó el caso con su actuación en la causa por el uso de la reservas del Banco Central.
Gendarmería llegó esta mañana al domicilio de los padres de Sarmiento, en Barrio Norte, por orden del juez federal Sergio Torres, quien cumplió con un pedido del juez federal de Misiones Ramón Claudio Chávez.
La propia magistrada confirmó en declaraciones al canal de noticias TN que su padre "fue ministro de Gobierno en Misiones" y que "estuvo pocos meses en el cargo".
"A mi me llama la chica que los cuida (a sus padres) porque estaba la Gendarmería en la puerta. Nunca supimos que haya una denuncia ni una causa. No lo van a trasladar por ahora", contó Sarmiento.
Luis Alberto Sarmiento es coronel retirado y actualmente se mueve en silla de ruedas porque sufre mal de Parkinson. Por eso, será revisado por médicos forenses en su propio domicilio antes de ordenar su traslado.
Consultada por los motivos de la decisión judicial, Sarmiento dijo: "Me llama la atención que todo ocurra ahora, me llama la atención las formas". Y agregó: "A veces siento miedo".
Sarmiento fue la jueza que falló en enero en contra del decreto 2010, que creó el Fondo del Bicentenario, para el pago de los compromisos de la deuda pública con reservas monetarias, y que también repuso en su cargo a Martín Redrado, cuando había sido removido de la jefatura del Banco Central por un decreto presidencial.
Por ambas decisiones, recibió dos denuncias penales por parte del Gobierno.
Adelantándose a posibles cuestionamientos, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó hoy que es "una mentira atroz" que el Gobierno pueda tener relación con la orden de detención del padre de la jueza María José Sarmiento por delitos por delitos de lesa humanidad.
"¿Qué tiene que ver el gobierno con el juez de Misiones?", sostuvo Fernández, en declaraciones por C5N. Y explicó que "la única intervención del gobierno" en este caso será que los agentes de seguridad cumplan con la orden judicial.
Hasta acá la nota del diario Clarín; ahora bien, yo me pregunto, que clase de moral tiene esta jueza, que en lugar de seguir trabajando (seguramente tendrá muchisimos casos que resolver), llama a los medios y acusa de venganza al gobierno?
Quien es el padre? quien es el Coronel Luis Alberto Sarmiento?
Por que Clarín solo cita que el viejo coronel "fue ministro de Gobierno en 1976", sin mencionar todo el resto del prontuario?
Un poco de historia:
El coronel de Inteligencia del Ejército Luis Alberto Sarmiento (conocido como "el mago de la picana"), a quien dos policías rosarinos señalaron como el responsable de las torturas hasta la muerte del estudiante Angel Enrique Brandazza, Tacuarita, secuestrado en la semana del regreso de Perón a la Argentina, el primero en la lista de la CONADEP. Durante la última dictadura Sarmiento fue jefe de Inteligencia y ministro de gobierno en Misiones, donde el fiscal general pidió hace ya cuatro años su procesamiento por participar en crímenes de lesa humanidad. La lentitud del proceso hizo que aún no haya sido llamado a indagatoria. Poco conocido fuera del Ejército hasta que su hija saltó a la fama, fue uno de los principales jefes operativos de la represión durante la dictadura de Onganía-Lanusse, y continuó incluso después de su retiro durante la de Videla-Viola-Galtieri-Bignone. El parentesco no es causal de recusación en un proceso de enorme importancia para el gobierno que impulsó el enjuiciamiento de aquellos crímenes, pero ayuda a entender el insólito comportamiento de la jueza María José Sarmiento, cuyo fallo instantáneo fue anunciado con exactitud horas antes por el diario La Nación y que ha puesto todo tipo de trabas a la apelación oficial. “Supongo que esto pulveriza el mito de que manejamos la justicia”, dijo la presidente CFK. Ningún diario lo publicó.
Buenos muchachos:
Nacido en Córdoba el 17 de junio de 1925, Sarmiento egresó del Colegio Militar en la promoción 74, donde fue compañero de quienes ocuparían algunos de los cargos más importantes en la represión y en el gobierno a partir de 1976: Leopoldo Fortunato Galtieri, Luciano Benjamín Menéndez, Ramón Genaro Díaz Bessone, Santiago Omar Riveros, Albano Eduardo Harguindeguy, Otto Carlos Paladino, Jorge Carlos Olivera Róvere, Osvaldo René Azpitarte, Carlos Enrique Laidlaw, entre otros.
En mayo de 1971 fue destinado como Jefe de Inteligencia al Comando del Cuerpo II, uno de los escenarios principales de la lucha del Ejército contra las organizaciones armadas peronistas y marxistas y continuó en ese decisivo cargo operativo en 1972. El Libro Histórico del Comando indica que como G2, Sarmiento ocupaba el cuarto cargo en el orden de precedencia, sólo antecedido por el Comandante del Cuerpo, su jefe de Estado Mayor y el jefe de personal. El 28 de noviembre de 1972, Tacuarita Brandazza, de 23 años, integrante de la agrupación universitaria peronista Unión Nacional de Estudiantes, fue secuestrado por un comando conjunto de las policías provincial y federal, el Cuerpo de Ejército II y la Gendarmería, y torturado hasta morir en la sede del Comando, en Dorrego al 900 de Rosario. Según el médico Miguel Angel Hadad, Brandazza falleció allí a raíz de las torturas el 29 de noviembre de 1972, al día siguiente de su secuestro.
El caso tuvo una vasta repercusión porque once días antes había regresado a la Argentina el ex presidente Juan Perón. El secuestro de Brandazza se produjo cuando salía de la empresa donde realizaba trabajos contables. Lo introdujeron en el baúl de un auto, del que saltó en la concurrida esquina de Córdoba y Boulevard Oroño, gritando su nombre y pidiendo auxilio. Pero lo recapturaron allí mismo y nunca reapareció. El 25 de mayo de 1973, al concluir la dictadura del general Alejandro Lanusse, la Legislatura Santafesina creó una Comisión Bicameral Investigadora que determinó las responsabilidades y señaló a los culpables. El agente de policía Angel Jesús Farías se había fugado con su cuñada. La esposa despechada denunció que Farías había participado en el secuestro de Brandazza junto con el ordenanza Gregorio Prieto, y que se había quedado con el reloj de la víctima para venderlo. Esto condujo a la detención de ambos, quienes confesaron su intervención y declararon que las torturas fueron dirigidas por el coronel Luis Alberto Sarmiento. En su edición del 1o de diciembre de 1973, el diario Clarín transcribió el testimonio según el cual Sarmiento y otro oficial entraban al calabozo de Brandazza “con una valijita, con un regulador de tensión para picana ‘como el que se ve en la película Estado de Sitio’”. El mismo día, en el diario rosarino La Capital, el diputado Juan Lucero, presidente de la bicameral, dio una conferencia de prensa junto con el jefe de la JP Regional, Jorge Obeid. Lucero informó sobre la declaración de Farías, quien dijo que el coronel Sarmiento era “un mago” para la picana. A pedido del Ejército, el presidente Perón dispuso que el caso fuera juzgado por un instructor militar y designó para ello al general retirado Carlos Alberto Caro. A partir de la ruptura de Perón con Montoneros y la generalización de secuestros, torturas y asesinatos, el expediente quedó en el olvido.
A raíz de este caso, que tuvo amplia divulgación en la prensa, Sarmiento debió pasar a retiro en diciembre de 1974. Terminada su carrera militar, se recicló en la Secretaría de Inteligencia del Estado, que ya entonces manejaban las Fuerzas Armadas. La conducía su compañero de promoción Otto Carlos Paladino. Quien lo hizo ingresar y se responsabilizó por él fue otro compañero de promoción, el coronel Eduardo Romeo San Emeterio, también oficial de Inteligencia, que había pasado a retiro en abril de ese mismo año. Ambos realizaron el curso de contrainsurgencia en la Escuela de las Américas, cuando eran mayores. San Emeterio cursó además la Escuela Superior de Guerra de Francia, cuna de la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria. El 9 de febrero de 1977 la agencia clandestina de noticias ANCLA, creada por Rodolfo J. Walsh, distribuyó un despacho titulado “El general Paladino dirige un grupo especial clandestino”, cuyos miembros recibían un pago extra “por el secuestro y asesinato de activistas políticos y gremiales del peronismo y de la izquierda: se les permitía el secuestro de algún alto industrial generalmente judío, para que por su liberación se obtuviera una buena recuperación económica”.
Lesa humanidad:
Al producirse el golpe del 24 de marzo de 1976, Sarmiento cumplía funciones como jefe de Inteligencia en Posadas. Misiones era una de las seis provincias que dependían del Cuerpo de Ejército II y del coincidente Area de Seguridad II; de la Subzona 23, que correspondía a la Brigada de Infantería VII de Corrientes, y del área 232. Entre 1975 y 1976 el Cuerpo II fue comandado por otros dos compañeros de Sarmiento, Díaz Bessone y Galtieri; la Brigada de Corrientes por los generales Cristino Nicolaides y Cesario Angel Cardozo y el área 232 por los coroneles Juan A. Beltrametti y Carlos Caggiano Tedesco. Más de quince causas distintas se abrieron al concluir la dictadura para investigar noventa casos de secuestros, torturas y asesinatos. Paralizadas a raíz de las leyes de punto final y obediencia debida, comenzaron a reabrirse en 2005 una vez que la Corte Suprema de Justicia confirmó su nulidad. En febrero de 2006 el fiscal general de Misiones, Guillermo Mario Negro, solicitó el procesamiento de Sarmiento y de otros diez militares y policías. El primero de la lista que integra el padre de la jueza es Nicolaides. En junio de 2006, el juez federal de Posadas, Ramón Claudio Chávez, pidió el legajo de Sarmiento y de otros dos coroneles al Ministerio de Defensa, que los envió de inmediato, en el expediente 3-3159/05, “Franzen, María Graciela, s/denuncia privación ilegítima de la libertad y torturas”. María Graciela Franzen fue secuestrada en mayo de 1976, junto con su hermano Raúl Arturo. Ambos fueron sometidos a torturas y a fines de ese año Raúl fue asesinado en Margarita Belén, en un falso intento de fuga. El 25 de noviembre de 2006 el diario El Territorio de Posadas reprodujo una declaración del fiscal general Negro, según quien la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas y de la SIDE obedece al “macabro espíritu de cuerpo”.
La organización represiva
En diciembre de 2008, la “Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado” informó al Procurador General Esteban Righi sobre las medidas de ordenamiento procesal necesarias para que en un plazo razonable se produzcan en Misiones “juicios significativos, que den acabada cuenta del fenómeno represivo”. El estudio realizado por el fiscal general Jorge Eduardo Auat, que Righi envió en febrero de 2009 a la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara de Apelaciones de Posadas, describe la organización represiva de aquellos años. En el área 232 funcionaron ocho centros clandestinos de detención, entre ellos el denominado Departamento de Informaciones. Auat cuestionó la dispersión en demasiadas causas, para hechos que ocurrieron en los mismos lugares y con idénticas víctimas y victimarios. A raíz de sus observaciones, la causa Franzen se acumuló con todas aquellas en las que se trataban los episodios ocurridos en la jefatura de policía. A partir del golpe, el coronel Beltrametti fue también interventor militar de la provincia y Sarmiento su ministro de gobierno, el mismo cargo que Ricardo Brinzoni ocupaba en el Chaco en ese momento. La policía tenía dependencia directa del ministro de gobierno. Auat escribió que en ninguno de los expedientes se observaba “un alto grado de avance procesal. En efecto, son sólo cinco personas respecto de las cuales se ha dictado auto de procesamiento. Luego hay cuatro personas indagadas cuya situación procesal todavía no ha sido resuelta y otras veintiuna cuyas indagatorias fueron requeridas por la fiscalía pero el juez no se ha expedido al respecto”. Una de las veintiuna es el coronel Sarmiento. Consultado el viernes para esta nota, Auat dijo que había preparado una solicitud de pronto despacho, que se proponía presentar al finalizar la feria judicial de enero. Esta demora se repite en diversas partes del país.
Amor por la justicia
Siempre como miembro de la SIDE, el coronel Sarmiento fue asignado al Ministerio de Justicia, a cargo de una denominada Comisión de Movilización. Este apelativo es engañoso. Comisión de Movilización es el eufemismo acuñado por el Consejo Nacional de Seguridad, CONASE, para referirse al grupo de tareas que en cada ministerio aplicaba las estrategias antisubversivas “dentro de la concepción de una guerra total”, según dicen sus documentos. Estaban a cargo de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas, que desarrollaban sus propios “planes contribuyentes”.
Grupo de familia:
Luego, el coronel Luis Alberto Sarmiento fue enviado por la SIDE a Sudáfrica, cuando aún gobernaba el régimen racista del apartheid, destino de muchos represores a quienes se buscaba alejar por un tiempo del país para que se les perdiera el rastro, como el ex director de la ESMA, almirante Benjamín Chamorro. El grupo de familia de la jueza se completa con su hermano Alejandro Luis Sarmiento, quien el 25 de octubre de 1976 presentó su solicitud de ingreso al Colegio Militar, en la que consta que su padre era ministro de Gobierno de Misiones. Dos años después, su hermana María José ingresó a la justicia. Integrante de la Promoción 111 del Ejército, egresó como subteniente en 1980, pero pasó a retiro con el grado de capitán el 31 de mayo de 1994, cuando María José era designada jueza por el presidente Carlos Menem. Gracias a las relaciones familiares con la justicia, Alejandro Luis llegó hasta el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un dato apenas curioso: uno de sus compañeros de promoción, José Luis D’Angelo Rodríguez, dirige la revista B-1, que considera presos políticos a los detenidos por haber participado en la guerra sucia militar contra la sociedad argentina, reivindicada como una gesta heroica. El hijo de Eduardo Romeo San Emeterio, Eduardo Sinforiano San Emeterio, fue el defensor del capitán Juan Carlos De Marchi, también presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, quienes fueron condenados en la causa por los crímenes cometidos en el Regimiento de Infantería de esa provincia. También defiende a Cecilia Pando, numen de B-1, por el gesto de degüello que dirigió a un funcionario del gobierno nacional el día que se conocieron las sentencias en aquel proceso
Declaraciones de una jueza:
Consultada por los motivos de la decisión judicial, Sarmiento dijo: "Me llama la atención que todo ocurra ahora, me llama la atención las formas". Y agregó: "A veces siento miedo".
"Me llama la atencion que todo ocurra ahora"? Seguramente que no pudo ocurrir durante el gobierno de Alfonsin, que fue obligado a pactar con los militares golpistas para preservar la democracia, no nos olvidemos de los levantamientos que sufrió. Tampoco hubiera podido ocurrir en el menemato, que lejos de apoyar las pocas sentencias que se lograron durante el gobierno de Don Raúl, indultó a los criminales golpistas. Solo se pudo recomenzar a impartir justicia, durante el gobierno de Nestor Kirchner, y continuar durante el presente gobierno.
Ahora bien, con este prontuario, cabe preguntarse, si todavia la jueza cree que la detencion del Coronel, se deba a una revancha política, o corresponda -tal vez-, a los crimenes que llevó a cabo durante gran parte de su vida, su propio padre.
Si es asi, lamento decirles que la jueza sabe menos de derecho y justicia que una jirafa africana del clima en el polo norte!!
Flavio
